Según la directriz emitida, los funcionarios podrán optar por no asistir a estas capacitaciones si consideran que los contenidos son contrarios a sus creencias personales o religiosas. Las autoridades han subrayado que la política no busca discriminar, sino garantizar que se respeten los derechos individuales de todos los empleados.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y activistas LGBT han expresado su preocupación, argumentando que esta decisión podría fomentar un ambiente de exclusión y discriminación en los espacios de trabajo. Critican que, al permitir la objeción de conciencia en capacitaciones obligatorias, se corre el riesgo de minar los esfuerzos de inclusión y diversidad que se han promovido en el país.
Por otro lado, grupos conservadores y religiosos han respaldado la medida, viéndola como un paso hacia la defensa de los derechos de los trabajadores a mantener sus convicciones sin ser obligados a participar en actividades que consideran incompatibles con sus valores.
La implementación de esta política será monitoreada de cerca para evaluar su impacto en el entorno laboral del sector público, así como en la percepción y el respeto de los derechos LGBT en Costa Rica.
