La medida, impulsada por el gobierno búlgaro y firmada por el presidente Radev, busca restringir cualquier forma de enseñanza o promoción de temas relacionados con la orientación sexual o identidad de género en los centros educativos del país. Según los defensores de la medida, el objetivo es proteger a los niños y jóvenes de influencias que consideran inapropiadas y contrarias a los valores tradicionales búlgaros.
"Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de educar a sus hijos según sus valores y creencias, sin la interferencia de ideologías que no reflejan nuestras tradiciones y cultura", afirmó Radev en una declaración oficial. El presidente también subrayó que la medida no pretende discriminar, sino preservar lo que considera la moral y los principios fundamentales de la sociedad búlgara.
La ley establece que los programas escolares deberán centrarse en la educación tradicional, evitando cualquier discusión o enseñanza sobre temas LGBTQ. Además, los materiales educativos que mencionen la orientación sexual o la identidad de género deberán ser revisados o eliminados del currículo. Las escuelas que incumplan esta normativa podrían enfrentar sanciones severas, incluidas multas significativas y, en casos extremos, la suspensión de licencias para operar.
La reacción a esta prohibición ha sido mixta. Grupos conservadores y religiosos en Bulgaria han celebrado la medida, argumentando que protege a los niños de lo que consideran una agenda ideológica impuesta por influencias externas. "Estamos agradecidos por este paso que protege a nuestros hijos de ser expuestos a ideas que van en contra de nuestros valores familiares y culturales", expresó un líder de la Iglesia Ortodoxa Búlgara.
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos LGBTQ han condenado enérgicamente la decisión, calificándola de discriminatoria y contraria a los derechos fundamentales. La Comisión Europea también ha expresado su preocupación, señalando que la medida podría violar las normativas de la Unión Europea sobre derechos humanos y no discriminación. "Esta ley es un retroceso para los derechos LGBTQ en Bulgaria y crea un ambiente de intolerancia y exclusión que no tiene lugar en una sociedad democrática", afirmó un portavoz de la comisión.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Varios países y organizaciones internacionales han criticado la decisión de Bulgaria, advirtiendo sobre posibles sanciones y aislamiento diplomático. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado comunicados condenando la medida y llamando a su inmediata revocación.
Mientras tanto, dentro de Bulgaria, el debate sigue intensificándose. Las protestas en las calles de Sofía y otras ciudades búlgaras han reflejado la polarización de la sociedad sobre este tema. Mientras que algunos ciudadanos marchan en apoyo de la prohibición, otros exigen la protección de los derechos LGBTQ y la promoción de una educación inclusiva y respetuosa de la diversidad.
Este nuevo escenario plantea interrogantes sobre el futuro de la educación en Bulgaria y cómo el país navegará las presiones internas y externas en torno a los derechos LGBTQ. A medida que el debate continúa, la comunidad internacional observa de cerca los próximos movimientos del gobierno búlgaro y sus posibles repercusiones en la región y en las relaciones de Bulgaria con sus socios europeos.
Con esta medida, el presidente Radev ha reafirmado su compromiso con lo que describe como la defensa de los valores tradicionales búlgaros. Sin embargo, las implicaciones de esta decisión podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de Bulgaria, afectando tanto la cohesión interna del país como su posición en el ámbito internacional.
