El matrimonio, compuesto por José y María Hernández, residentes de una pequeña comunidad indígena en la sierra de Oaxaca, fue arrestado el pasado fin de semana bajo acusación de "alterar el orden público". Sin embargo, defensores de derechos humanos y testigos locales afirman que la verdadera razón detrás de su detención es su práctica abierta del cristianismo, en una región predominantemente católica y con fuertes tradiciones indígenas.
Según vecinos y familiares, José y María se han enfrentado a hostigamiento y amenazas desde que se convirtió al cristianismo hace cinco años. A pesar de estos desafíos, han seguido reuniéndose en su hogar con otros creyentes para orar y estudiar la Biblia.
El pastor de la comunidad cristiana a la que pertenece, Manuel López, denunció que la detención es una clara violación de los derechos humanos y de la libertad religiosa. "No hay fundamento legal para esta detención. José y María solo están practicando su fe de manera pacífica. Esto es persecución religiosa", declaró López.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Puertas Abiertas, han expresado su preocupación por el incremento de la intolerancia religiosa en algunas regiones de México, especialmente en áreas rurales e indígenas. Han instalado a las autoridades locales y federales para investigar el caso y garantizar la protección de los derechos de la pareja.
Mientras tanto, la comunidad cristiana en Oaxaca y en otras partes del país ha mostrado su apoyo a José y María, organizando vigilias de oración y protestas pacíficas para exigir su liberación. "No vamos a descansar hasta que nuestros hermanos sean liberados y se haga justicia", afirmó uno de los manifestantes.
Las autoridades locales, por su parte, han negado que la detención esté relacionada con motivos religiosos y sostienen que la pareja fue arrestada por "motivos de seguridad pública". Sin embargo, la falta de pruebas concretas y el historial de hostigamiento religioso en la zona han generado escepticismo y preocupación entre los defensores de los derechos humanos.
El caso de José y María Hernández resalta la necesidad de una mayor vigilancia y protección de los derechos religiosos en México, y pone de manifiesto los desafíos que aún enfrentan muchas comunidades en el ejercicio libre de su fe.
