Contexto de la Medida
Desde 2018, tras las protestas masivas contra el régimen de Ortega, el gobierno nicaragüense ha aumentado su control sobre las ONG, los medios de comunicación y las iglesias. Las protestas, que inicialmente comenzaron por reformas al sistema de seguridad social, se convirtieron en un movimiento más amplio contra el gobierno, con la participación de diversos sectores de la sociedad, incluidos los líderes religiosos. Ortega respondió a estas manifestaciones con una fuerte represión, que dejó cientos de muertos y miles de exiliados.
En los años posteriores, la administración de Ortega ha continuado una campaña sistemática de acoso y represión contra cualquier grupo que considere una amenaza a su poder. Las ONG y las iglesias han sido particularmente vulnerables, ya que muchas de ellas han brindado apoyo a las víctimas de la represión o han criticado abiertamente las políticas del gobierno.
Impacto en las Iglesias Evangélicas
Las iglesias evangélicas en Nicaragua no solo son centros de fe, sino también pilares de apoyo social, ofreciendo servicios como educación, salud, y asistencia humanitaria en comunidades desfavorecidas. La cancelación de su personería jurídica significa que estas iglesias perderán su capacidad para operar legalmente, recibir donaciones, y administrar proyectos comunitarios. Además, sus líderes podrían enfrentar persecución y posibles represalias por parte del gobierno.
La medida también afecta a otras organizaciones religiosas que han sido críticas del gobierno o que han ofrecido refugio y apoyo a los opositores al régimen. La Conferencia Episcopal de Nicaragua y varios pastores evangélicos han sido vocales en su crítica a la represión del gobierno, lo que los ha puesto en la mira de las autoridades.
Reacciones Nacionales e Internacionales
La decisión del gobierno ha provocado una ola de condena tanto dentro como fuera de Nicaragua. Líderes religiosos, defensores de derechos humanos, y organizaciones internacionales han denunciado esta acción como un ataque directo a la libertad de asociación y a la libertad religiosa. Muchos consideran que la cancelación masiva de ONG es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Ortega para silenciar cualquier forma de disidencia y consolidar aún más su poder.
El Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominacional (CEPAD), una de las principales organizaciones evangélicas del país, expresó su profunda preocupación por la medida, señalando que muchas comunidades vulnerables serán las más afectadas por la suspensión de actividades de estas iglesias y organizaciones.
Consecuencias a Largo Plazo
El cierre de estas organizaciones tendrá un impacto devastador en la sociedad nicaragüense, particularmente en las comunidades más pobres que dependen de los servicios que ofrecen. La represión también podría generar un éxodo de líderes religiosos y activistas, que buscarán refugio en otros países, debilitando aún más la resistencia interna al régimen de Ortega.
En términos internacionales, la comunidad global sigue observando con preocupación la situación en Nicaragua. Es probable que esta medida intensifique la presión sobre el gobierno nicaragüense, con posibles sanciones adicionales por parte de la comunidad internacional. No obstante, la historia reciente ha demostrado que Ortega ha resistido la presión externa con mano firme, manteniéndose en el poder a pesar de las crecientes críticas y sanciones.
Este acto represivo subraya la tensa situación que atraviesa Nicaragua, donde la libertad de religión, de expresión y de asociación están bajo una amenaza sin precedentes. Las iglesias evangélicas, una vez refugio y apoyo para miles de nicaragüenses, ahora enfrentan un futuro incierto bajo un régimen cada vez más autoritario.
